Los gremios de ingenieros, abogados, economistas, farmacéuticos, enfermeros, internacionalistas y periodistas calificaron los últimos 26 decretos-ley de la Habilitante como el “gacetazo” y en consecuencia, se preparan para rechazar cualquier hecho que pudiera derivarse de la aplicación de esas normas.
Los colegios profesionales argumentaron que “la motivación de estas leyes insiste en la construcción del modelo socialista”, y su ofensiva comenzó por la acción que les pareció más demostrativa de los nuevos articulados: el decomiso de arroz del lunes pasado en el supermercado Excelsior Gama de la urbanización Santa Eduvigis, en Caracas.
“Lo que hubo fue un saqueo por parte del gobierno”, afirmó Gustavo Briceño, presidente del Tribunal Disciplinario del gremio de abogados de Caracas, al referirse a la venta que inició el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), después de confiscar 1 mil 670 kilos de arroz que no se vendían en el sitio al precio regulado (Bs.F 2,33) aunque estaban empacados como mercancía premium.
El manifiesto recuerda que la nueva Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios otorga en su quinto artículo el poder para que el Ejecutivo pueda “iniciar la expropiación de los bienes sin que medie para ello una declaratoria previa de utilidad pública e interés social por parte de la Asamblea Nacional”. Para los detractores de la iniciativa oficial, eso constituye “un fraude a la Constitución”.
No en vano, Roger Santodomingo, secretario general de la Seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), se permitió citar el artículo 115 de la Carta Magna, donde se estipula que “sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.
Las normas referidas al sector castrense y el de vivienda también fueron rebatidas por los profesionales.
“Con la nueva legislación de la Fuerza Armada prácticamente se ha decretado que en Venezuela se vive bajo un régimen militar a merced de una guardia pretoriana del Presidente”, expresó Roger Santodomingo.
La Ley de Vivienda y Hábitat fue atacada por “confiscar los ahorros tanto públicos como privados”, según la apreciación del presidente del Fondo de Previsión Social de los Ingenieros, Arquitectos y Afines, Humberto Blanco.
Recolectar firmas es la próxima tarea de los gremios, los cuales invitarán a cualquiera que detecte el grado de “inconstitucionalidad” de las leyes promulgadas por el presidente Hugo Chávez, a unirse a la denuncia que presentarán ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
El documento que entregarán se ampara en la Carta Democrática Interamericana en su artículo 18, donde se señala que el organismo internacional puede analizar cualquier “situación que pudiera afectar el desarrollo del proceso político” de los países miembros.